El juez federal Martín Bava dictó una medida de no innovar en el cementerio municipal de Villa Gesell, ante la sospecha fundada de que en el lugar podrían encontrarse enterradas víctimas de los vuelos de la muerte perpetrados durante la última dictadura cívico-militar.
Esta resolución judicial se basó en el testimonio de una vecina de la localidad, quien aportó datos sobre la existencia de tumbas sin identificación en el predio. A partir de esto, la querella solicitó la preservación del sector para asegurar la integridad de las sepulturas y evitar cualquier alteración que obstaculice la continuación de las investigaciones.
Testimonio clave y tumbas sin nombre
El 2 de marzo, Marcela González, residente en Villa Gesell, declaró ante el juez Bava acerca del relato de su madre, empleada municipal desde 1975. A comienzos de los años '80, esta fue enviada a realizar un relevamiento en el cementerio local, donde detectó numerosas tumbas que no constaban en los registros oficiales.
González detalló: “Mi mamá trabajó en la Municipalidad desde 1975. A principios de los ’80, la mandan a hacer un relevamiento en el cementerio local porque había muchas tumbas que no estaban anotadas en el libro”.
Asimismo agregó: “Cuando mi mamá va a hacer el relevamiento se encuentra con que había un montón de tumbas que no tenían nombre, ni registro ni nada. Habla con este señor (…) y él le dice que son personas que han llevado de noche”.
Según el testimonio, el encargado del cementerio indicó que los cuerpos fueron trasladados por un efectivo policial. Se identificaron al menos 18 tumbas NN y una de ellas podría contener restos de dos personas, elevando a 19 posibles víctimas enterradas sin registros oficiales.
Medidas judiciales para preservar la verdad
Considerando esta evidencia, el juez Bava ordenó la preservación de la sección L del cementerio, que comprende las sepulturas ingresadas entre 1976 y 1983, coincidente con el periodo de la dictadura militar.
Además, solicitó el acceso urgente a los libros oficiales del cementerio, instruyó llevar adelante un relevamiento detallado de las tumbas sin identificación y pidió informes sobre todas las intervenciones realizadas en el lugar desde su creación.
La resolución también advirtió sobre un decreto municipal que ordenó tareas de limpieza que incluyen exhumaciones en tumbas sin regularizar, actividad que podría poner en riesgo evidencias clave para las causas en curso.
Contexto histórico: la tragedia de los vuelos de la muerte
Los llamados vuelos de la muerte fueron un método empleado por la dictadura para eliminar físicamente a detenidos-desaparecidos, arrojándolos desde aviones al mar o a ríos, dificultando así su identificación y el acceso a justicia.
En investigaciones anteriores, el juez Bava procesó en 2022 a exfuncionarios judiciales, policiales y médicos implicados en el encubrimiento de estos crímenes, tras descubrir 14 cuerpos en la costa bonaerense en diciembre de 1978.
Durante los juicios, se logró identificar a numerosas víctimas que habían sido secuestradas en centros clandestinos como El Olimpo y la ESMA. Entre los casos emblemáticos se destacan las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce y Esther Ballestrino, así como la monja francesa Leonie Duquet.
Estudios judiciales y académicos indican que entre 1976 y 1979 se hallaron al menos 76 cuerpos en las costas bonaerenses y uruguayas, de los cuales 43 fueron identificados.
Según recientes sentencias: “Los vuelos de la muerte han sido debidamente probados en sede judicial, sin margen de dudas”, confirmando la responsabilidad estatal en estos atroces hechos.
