La Provincia de Buenos Aires enfrenta una situación crítica con la falta de distribución de vacunas por parte del gobierno nacional, que ya repercute en varios municipios del norte bonaerense y del resto del territorio provincial.
De acuerdo con un informe de Todo Provincial, hay faltantes en al menos nueve tipos de vacunas, varias de ellas esenciales dentro del calendario obligatorio que garantiza la salud pública para toda la población.
La vacuna antigripal se encuentra entre las más afectadas. Datos oficiales provinciales indican que la Provincia sólo recibió el 44% de las dosis previstas para la población pediátrica y un alarmante 22% de las destinadas a adultos, lo que evidencia una fuerte escasez.
Este contexto genera una gran preocupación en municipios que, ante la reducción del rol del Estado nacional en la provisión sanitaria, deben responder a crecientes demandas con recursos limitados. El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, advirtió que "el ajuste no puede pasar por la salud, por las vacunas del calendario obligatorio que tantas enfermedades evita".
En el distrito, sólo se distribuyeron 2.240 dosis de vacuna antigripal para mayores de 65 años en 18 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), cuando la población objetivo supera las 22.900 personas, una cobertura ampliamente insuficiente.
Además, vacunas claves como la triple viral se entregan escasamente y de forma fragmentada, dificultando la planificación sanitaria local. La ausencia total de dosis contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) —fundamental para proteger a mujeres embarazadas y sus bebés de bronquiolitis y neumonía— también resulta alarmante.
La situación se agrava con el corte en la distribución de la vacuna contra la varicela, y niveles críticos de suministro de otras esenciales: la BCG cubre apenas el 30% de la necesidad mensual y la hepatitis B pediátrica apenas alcanza el 60% del requerimiento.
El déficit en la provisión de vacunas impacta directamente en la prevención de enfermedades evitables y genera preocupación entre profesionales, autoridades municipales y comunidades, para quienes el calendario obligatorio es crucial para sostener el derecho a la salud pública y la protección de la población.
