La investigadora y geógrafa de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Patricia Pintos, expresó críticas importantes respecto a la reforma de la Ley de Glaciares, denunciando irregularidades en el proceso de la audiencia pública que garantiza la participación ciudadana en la discusión de la norma.
Luego del plenario de comisiones del 4 de marzo, se programó una audiencia pública para los días 25 y 26, registrando más de 60.000 inscriptos interesados en participar. Pese a este importante número, el oficialismo modificó las condiciones de participación pocos días previos, estableciendo un cupo reducido por jurisdicción para exposiciones en vivo, mientras que la mayoría debe intervenir mediante videos o escritos.
Según Pintos, "esto desvirtúa el espíritu de la audiencia pública, cuya finalidad es escuchar a todos y promover un intercambio genuino". También advirtió que no existen garantías claras de que los diputados revisen la totalidad de los materiales presentados, debilitando la instancia participativa. En respuesta, ya se presentaron amparos judiciales que cuestionan la legalidad de estas medidas.
La reforma favorece intereses de la megaminería
La investigadora sostuvo que la reforma se orienta a beneficiar la megaminería, especialmente la explotación de minerales como litio y cobre. Un punto central es el traspaso de la definición de áreas protegidas desde organismos técnicos nacionales a las provincias, lo que representa un retroceso en la protección ambiental y genera incertidumbre sobre los criterios que se aplicarán localmente.
"Este cambio debilita el esquema actual, que fija un piso mínimo de protección ambiental común a todo el país", señaló Pintos.
Glaciares y agua dulce en riesgo
La investigadora destacó que los glaciares son fundamentales para garantizar el acceso al agua dulce, en particular en zonas áridas y semiáridas. "Son sistemas que abastecen a millones de personas, sin los cuales muchas provincias verían comprometido su suministro básico", advirtió.
Además, puntualizó el rol clave de las zonas periglaciares, que se encuentran en el foco de proyectos mineros, para mantener el equilibrio hídrico regional.
Impacto ambiental y debate sobre modelo extractivo
Pintos enfatizó que la megaminería es altamente invasiva, requiriendo el uso de cientos de toneladas de explosivos, gran consumo de agua y energía, y provocando contaminación por sustancias químicas.
"El problema no es la minería per se, sino dónde se desarrolla", sostuvo, señalando que más del 99% del país podría ser explotado minero sin afectar glaciares. Advirtió que el riesgo reside en avanzar sobre zonas críticas desde el punto de vista ambiental.
También cuestionó la comparación frecuente con Chile, donde la explotación de cobre suele realizarse en zonas desérticas sin glaciares significativos y con mayores reservas minerales. "No se puede trasplantar ese modelo sin considerar el contexto y las particularidades argentinas, pues muchas áreas en disputa son clave para la provisión de agua dulce", añadió.
Provincias y movimientos sociales alzan la voz
Organizaciones socioambientales de provincias como Chubut y Mendoza, con tradición en defensa contra la megaminería y protección del agua, ya manifestaron rechazo a esta reforma.
Otras jurisdicciones que dependen del agua de los glaciares también expresan preocupación ante los cambios legislativos.
"Existe una conciencia ambiental consolidada producto de la experiencia histórica. La sociedad está defendiendo activamente el agua, recurso vital", concluyó Pintos.
Desarrollo económico versus sostenibilidad
Finalmente, la investigadora puso en el centro del debate la necesaria armonía entre desarrollo y preservación ambiental. "En juego está la sostenibilidad de la vida. El modelo extractivista responde a lógicas de corto plazo que no contemplan las consecuencias futuras", indicó.
La reflexión final fue clara: "La discusión es si se prioriza la megaminería o se protege el agua, recurso esencial para las actuales y futuras generaciones".
