En un contexto de fuerte tensión laboral, los trabajadores de la Superintendencia de Servicios de Salud llevan adelante un paro a la japonesa, una modalidad de protesta que consiste en intensificar y agilizar la atención al público para visibilizar la gravedad de las denuncias que atraviesan el organismo, en plena defensa del derecho a la salud.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) manifestaron su preocupación por un proceso de vaciamiento institucional y persecución laboral que atribuyen a la gestión de Claudio Stivelman, señalando que estas prácticas están afectando negativamente a los usuarios del sistema sanitario y comprometen la prestación de servicios esenciales.
Leandro Martín Castro, secretario general del sector, confirmó que esta situación ya derivó en dos paros nacionales y alertó que las medidas continuarán hasta encontrar soluciones concretas. “Las y los trabajadores de la Superintendencia de Servicios de Salud estamos atravesando un conflicto sindical contra la gestión de Claudio Stivelman por desmanejos, irregularidades y persecución”, afirmó.
Denuncian paralización de reclamos y riesgos para el derecho a la salud
Uno de los puntos más graves es la paralización intencional de trámites vinculados a prestaciones médicas urgentes. Según los trabajadores, muchos reclamos están siendo demorados o cajoneados por decisión de las autoridades, una situación que califican de ataque directo al derecho a la vida, ya que retrasa tratamientos esenciales para los pacientes.
Además, cuestionan el uso del sistema de mediación prejudicial no obligatoria PROMESA, que, según sostienen, traslada costos a los beneficiarios e incentiva la judicialización, dificultando aún más el acceso a la salud.
“La gestión promociona un sistema de mediación pre-judicial no obligatoria que genera honorarios y costas a cargo del beneficiario y alienta la judicialización de los conflictos”, explicaron desde ATE.
Discriminación y condiciones laborales deterioradas
El conflicto también visibiliza denuncias por discriminación en la cobertura de salud de trabajadores estatales, sobre todo hacia quienes no están afiliados al sindicato UPCN, ya que la Obra Social Unión Personal aplica coseguros considerados prácticas extorsivas.
“Ante la aplicación extorsiva de coseguros a las prestaciones de Unión Personal a quienes no estén afiliadas o afiliados al sindicato UPCN, la gestión de la SSS avala la violación de la ley de obras sociales, la ley antidiscriminatoria y la Constitución Nacional”, denunciaron los empleados.
Asimismo, señalaron la imposición ilegal de coseguros en intervenciones quirúrgicas por parte de otras obras sociales, un hecho que contradice el Plan Médico Obligatorio.
En relación a sus condiciones laborales, los trabajadores denunciaron presiones por parte de Stivelman para no tomar reclamos y actuar por fuera del marco legal vigente: “Contra sus deberes de funcionario público, Stivelman cajonea los trámites y presiona a las y los trabajadores para que informemos por fuera de lo que establece la ley y no tomemos reclamos”.
Protesta activa para defender la salud pública
Ante esta situación, la medida del paro a la japonesa busca demostrar la importancia del trabajo del personal de la Superintendencia. La modalidad implica mejorar la atención y la resolución de reclamos durante las jornadas de protesta, exponiendo la contradicción de la gestión al afectar a quienes más necesitan el sistema.
Desde ATE explicaron: “Orientamos las medidas de fuerza a la atención al público y optimizamos el servicio de atención y resolución de los reclamos de la gente”. La organización subrayó que la lucha trasciende lo laboral para defender una prestación esencial que impacta directamente en los derechos de millones de bonaerenses.
Los trabajadores hicieron un llamado a la solidaridad social y pidieron apoyo para amplificar el reclamo frente a la gestión actual: “Esta carta tiene la intención de dar a conocer los manejos ilegales e irresponsables de la gestión, que no sólo ataca nuestros derechos como trabajadores del Estado amenazando con despidos y extorsionando gente, sino que con sus decisiones políticas genera daños en la atención y en la resolución de reclamos e impide el acceso a la salud y a la vida de nuestro pueblo”.
Finalmente, solicitaron respaldo público para fortalecer la protesta y lograr respuestas concretas que garanticen tanto las condiciones laborales como el derecho a la salud.
