La Corte Suprema de Justicia de la Nación inició la primera audiencia en la demanda judicial que la Provincia de Buenos Aires, bajo la gestión del gobernador Axel Kicillof, sostiene contra el Gobierno nacional de Javier Milei por recortes en las transferencias al sistema previsional.
En representación bonaerense participaron el ministro de Economía, Pablo López, junto al fiscal de Estado, Hernán Gómez, la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.
Al finalizar la audiencia, López valoró el espacio de diálogo institucional y señaló: "Gracias a este espacio dispuesto por la Corte pudimos plantear el reclamo por la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la Provincia por el sistema jubilatorio, que ya supera los $2,2 billones".
Nueva audiencia y compromisos
Durante la reunión, el Gobierno nacional se comprometió a avanzar en el análisis del reclamo y se fijó un nuevo encuentro para el 21 de abril. López expresó su expectativa: "Esperamos que para esa fecha se reconozca la deuda y se asuma un compromiso de solución a este incumplimiento".
El ministro recordó que esta demanda es una de las siete que la Provincia sostiene contra Nación. En total, las deudas por transferencias no automáticas y obras inconclusas rondan los $15,6 billones.
También destacó: "Desde la gestión de Axel Kicillof seguiremos insistiendo para que el Gobierno nacional cumpla con sus obligaciones y así recuperar recursos vitales para los más de 17 millones de bonaerenses".
Impacto en coparticipación y servicios
Entre otros reclamos se incluyen recortes en fondos esenciales como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Compensación al Transporte del Interior y el Fondo Nacional de Incentivo Docente. La Provincia subraya que estos reclamos se dan en un contexto agravado por la caída de la recaudación debido a la recesión económica.
Además, señalan que Buenos Aires aporta cerca del 38% de la recaudación nacional pero recibe sólo el 7%, mientras que la Nación concentra aproximadamente el 70% de los recursos. Este desequilibrio en la coparticipación limita la capacidad provincial para sostener servicios esenciales para su población.
El recorte de las transferencias perjudica gravemente la prestación de servicios básicos a más de 17 millones de habitantes, agravando la presión sobre las finanzas públicas y la calidad de vida en la provincia.
